La directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero, ha enfatizado la crucial relación entre la independencia judicial y la defensa de los derechos humanos en México. Durante la presentación del Informe Anual 2023-2024, Cruz Parcero expresó su preocupación por las reformas judiciales propuestas y su posible impacto en el sistema de justicia, especialmente a raíz de las elecciones programadas para julio de 2025.
Uno de los principales puntos de inquietud de la magistrada es la prevista sustitución de jueces, magistrados y ministros, un cambio que podría resultar en retrasos significativos en los procedimientos judiciales. Este problema es particularmente crítico para aquellos privados de libertad que están a la espera de resoluciones finales, afectando el acceso a la justicia y el principio de debido proceso.
Cruz Parcero también hizo hincapié en el peligro que representa el fortalecimiento de la prisión preventiva oficiosa, señalando que esta medida va en contra del principio de presunción de inocencia y contradice sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, alertó sobre cómo su uso indiscriminado perpetúa desigualdades y dificulta la defensa técnica de los representados por el IFDP.
La magistrada afirmó que el cambio en la estructura judicial podría llevar a la necesidad de reiniciar la educación sobre el debido proceso y la importancia de los derechos humanos para los nuevos magistrados. También se mostró preocupada por la situación en el CEFERESO 16, donde se han reportado violaciones a los derechos humanos y condiciones desfavorables, particularmente graves para las mujeres internas, resaltando la falta de políticas penitenciarias con perspectiva de género.
En resumen, la presentación de Cruz Parcero destaca la interconexión entre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos en México, así como los impactos negativos que las reformas propuestas podrían tener en estos aspectos fundamentales.