La situación de Silvia Pérez Yescas resalta una preocupante problemática de violencia y violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas de México. Su testimonio pone de manifiesto el riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan en contextos vulnerables como María Lombardo, donde la impunidad y la falta de protección son graves.
El hecho de que Pérez Yescas se sienta forzada a desplazarse por amenazas de agresión física y la desaparición de su hermana ilustra la grave crisis de seguridad que enfrentan muchos activistas en el país. Su llamado a la justicia es un reflejo del deseo no solo de proteger su vida, sino también de garantizar un entorno en el cual las mujeres y las comunidades indígenas puedan vivir sin miedo y ejercer plenamente sus derechos humanos.
El papel del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) también se pone en tela de juicio ante las acusaciones de vínculos con actos de agresión. La demanda de atención y acción por parte de las autoridades, como el fiscal local, es crucial para abordar estos problemas y asegurar la protección de quienes defienden derechos en contextos de alto riesgo. La visibilidad que se dé a este caso podría ser un paso hacia la creación de un entorno más seguro y justo para las mujeres indígenas en México.