El conflicto entre la empresa Vulcan y el gobierno mexicano respecto a Calica se centra en cuestiones ambientales, específicamente en la defensa de la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta subrayó la importancia de adherirse a las normas ambientales, rechazando las acusaciones de Vulcan que alegan expropiación debido al cierre de sus instalaciones, señalando que lo que realmente ocurrió fue la creación de un área protegida.
Vulcan, que ha presentado varios amparos en tribunales federales y está buscando litigios a nivel internacional bajo el Ciadi y el T-MEC por una indemnización significativa, sostiene que las acciones del gobierno afectan injustamente sus intereses comerciales. Sin embargo, Sheinbaum defendió la decisión del gobierno y la necesidad de proteger el medio ambiente, indicando que el argumento de la empresa carece de fundamento legal.
Sheinbaum hizo un llamado a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para que informe sobre el estatus de los recursos legales de Vulcan, sugiriendo que el gobierno está preparado para continuar protegiendo el territorio y la ANP, lo que también podría tener implicaciones para otras empresas mineras, especialmente las canadienses, que han estado operando en el país.