La reciente aprobación en el Senado mexicano de una reforma que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha generado un intenso debate. Esta modificación, apoyada por senadores de Morena, PT, PVEM y algunos del PAN, señala que se incluirán casos de abuso y violencia sexual contra menores, así como delitos relacionados con la delincuencia organizada y la producción y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
A pesar de la inclusión de ciertas reservas para excluir de la prisión preventiva oficiosa los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, se han añadido otros delitos como el de comprobante fiscal y el transporte de sustancias para la elaboración de fentanilo. La reforma fue aprobada con una mayoría de 94 votos a favor y 34 en contra, modificando así el artículo 19 constitucional.
Durante la discusión, algunos senadores de la oposición, como Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, argumentaron que esta medida es contraria a los derechos humanos y que particularmente perjudica a las personas más pobres. Se enfatizó que la prisión preventiva oficiosa, al ser utilizada en exceso, no resuelve el problema de la delincuencia ni mejora la situación de impunidad en el país. Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, coincidió en que aunque su partido apoya la detención de delincuentes, la violación de derechos humanos no es un enfoque viable.
Este tema plantea importantes cuestiones sobre los derechos humanos, la efectividad de la prisión preventiva y su impacto en las comunidades más vulnerables en el contexto del sistema judicial mexicano.