El Senado de la República de México aprobó por unanimidad una reforma en materia de Bienestar que modifica la edad a partir de la cual los adultos mayores pueden recibir una pensión, bajándola de 68 a 65 años. La reforma también busca beneficiar a personas con discapacidad y otorgar apoyos directos a quienes trabajan en el campo y la pesca.
Este cambio implica una modificación a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, estableciendo que el gobierno federal y las entidades federativas deberán garantizar una pensión para las personas con discapacidad permanente, con un enfoque prioritario en aquellos menores de 18 años. Además, se garantiza un apoyo continuo a los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales y maderables, así como un apoyo anual directo para fertilizantes y a pescadores de pequeña escala.
El dictamen fue aprobado en términos generales con 123 votos a favor y, aunque se presentaron tres reservas durante la discusión, ninguna fue aprobada. Los senadores expresaron de manera unánime su apoyo a la reforma, resaltando su importancia para aquellos que enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.
La senadora del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, subrayó que el objetivo de esta reforma es asegurar los derechos de los más vulnerables, destacando que al elevar los programas sociales a rango constitucional se otorga un blindaje jurídico que garantiza su permanencia. Según ella, esto establece un compromiso inquebrantable con la población, transformando cada apoyo social en un derecho fundamental.