El conflicto entre TV Azteca y sus acreedores ha sido un tema candente en México, especialmente tras los recientes comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. Ricardo Salinas Pliego, el propietario de TV Azteca, y su empresa, Grupo Salinas, han calificado a los acreedores como "fondos buitres", argumentando que estos intentan sacar provecho de la situación y han tenido fracasos legales en Estados Unidos.
La disputa se originó por un crédito de 400 millones de dólares que TV Azteca tomó en 2017, el cual dejó de pagar en febrero de 2021. Esto llevó a una compleja batalla legal, que incluye un arbitraje internacional bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a la insatisfacción de los acreedores. Estas entidades demandan al Estado mexicano por 219 millones de dólares, alegando que la decisión de un juez mexicano, que permitió a TV Azteca suspender los pagos de su deuda por razones relacionadas con la pandemia de COVID-19, viola el derecho de los inversionistas estadounidenses a un debido proceso.
La situación se complicó aún más después de que la OMS levantó la emergencia sanitaria, lo que permitió a los acreedores reclamar el pago de la deuda. A pesar de sus esfuerzos, un amparo que presentaron fue rechazado. Ante esto, decidieron elevar el conflicto a un arbitraje en el CIADI, argumentando que el gobierno mexicano debe ser responsable por las decisiones judiciales locales que afectan sus derechos.
La Secretaría de Economía de México ha tomado la defensa del gobierno ante el CIADI, sosteniendo que las disputas deberían resolverse en tribunales estadounidenses, desmarcando así al gobierno mexicano de la responsabilidad en la controversia.
En resumen, este caso pone de relieve las complejidades del sistema financiero y legal mexicano, así como la interacción entre las decisiones judiciales locales y los compromisos internacionales que México ha asumido. La postura del gobierno y de TV Azteca se enmarca en un contexto de tensión entre el poder judicial y las demandas de inversión extranjera.