Salesforce, una empresa especializada en software basado en la nube, ha comenzado a establecerse como proveedora de servicios pagos con recursos públicos en México, lo que ha despertado inquietudes entre las autoridades debido a una serie de adjudicaciones directas. Estas contrataciones han sido objeto de investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, en respuesta a denuncias que apuntan a prácticas sospechosas relacionadas con la recontratación y el posible uso de métodos coercitivos para obstruir servicios.
La empresa opera bajo el nombre de Cloudco S.A. de C.V., administrada por Edgar Cruz Aguirre, Pedro Jauregui y David Literas Segura. Según datos consultados por Proceso a partir de registros de transparencia, Cloudco ha sido adjudicataria de contratos con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) a través de adjudicaciones directas. El primer contrato, firmado en 2018, tenía un valor de hasta 1.7 millones de pesos para el alquiler de licencias y soporte del Sistema de Administración de Cartera (SAC). El segundo contrato se realizó en 2020 por un monto de 897 mil pesos, también relacionado con el mismo servicio, y estaba previsto concluir el 28 de febrero de 2021.
Además, se menciona que Salesforce ha colaborado con la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, aunque el contrato correspondiente no está disponible para consulta pública. Más recientemente, en julio de 2023, las licencias de Salesforce fueron contratadas por la Agencia de Movilidad de Querétaro, a través de una empresa llamada Servicios y Proyectos en Tecnologías de la Información, con un contrato valorado en 7.5 millones de pesos, que finalizó el 27 de julio de ese año.
La situación ha generado un escenario de escrutinio sobre las prácticas de contratación de empresas del sector tecnológico y su relación con el gobierno, en particular en contextos donde se puede dar lugar a irregularidades.