La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener a Mario Aburto en prisión, tras su condena por el homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ha suscitado preocupaciones sobre cómo se pueden afectar los derechos de los imputados e individuos sentenciados en el contexto de la participación de las víctimas en procesos penales.
Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), comentó que aunque es esencial respetar los derechos de las víctimas, estos no deben suplantar los derechos del imputado. Ella enfatizó la necesidad de garantizar un debido proceso y un juicio justo, dado que la estructura del sistema penal suele poner al imputado en una posición de desventaja frente al poder punitivo del estado.
Sáenz Andujo también expresó su preocupación por el criterio adoptado por la sala de la SCJN, que permite que las víctimas indirectas sean consideradas como "terceras interesadas" en el proceso, lo que podría implicar un desequilibrio procesal. Este enfoque podría tener repercusiones significativas en los procedimientos legales de los imputados, potencialmente forzando una reanudación desde el inicio, lo cual complicaría su situación legal.
Finalmente, subrayó que la familia de Colosio ha estado informada desde hace décadas sobre las gestiones legales de Aburto y que la falta de acción por parte de ellos podría ser indicativa de la naturaleza delicada del manejo de los derechos en el proceso penal.