Las organizaciones del colectivo Seguridad Sin Guerra han hecho un llamado urgente a los diputados federales para que se opongan a la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante una conferencia de prensa antes de la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde el partido Morena tiene la mayoría, resaltaron que varios artículos de la propuesta otorgarían un “poder absoluto” a las Fuerzas Armadas, lo que podría tener “consecuencias sumamente graves para los derechos humanos”.
Los representantes de estas organizaciones destacaron que la reforma busca incorporar de manera definitiva a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgar fuero militar a sus integrantes y concederles facultades de investigación, pero sin establecer controles civiles sobre su actuación. Este panorama genera preocupación, ya que podría llevar a una mayor militarización de las funciones de seguridad pública en un contexto donde, previamente, tanto López Obrador como Morena se habían manifestado en contra de esta situación.
La activista Marisol Méndez criticó el continuo uso de la militarización como solución a la inseguridad, un enfoque que, según indicó, no es exclusivo de un partido, sino que se ha perpetuado a lo largo de diferentes administraciones desde el gobierno de Felipe Calderón. Por su parte, Edith Olivares, de Amnistía Internacional, enfatizó que es necesario que la Guardia Nacional se mantenga como una institución civil y cuestionó por qué se sigue replicando un modelo que ha demostrado no ser efectivo.
Además, se mencionó que las Fuerzas Armadas ya tienen un amplio espectro de funciones no militares, lo que les ha permitido acumular un considerable poder económico. La reforma, según Cristina Reyes de México Unido Contra la Delincuencia, podría eliminar cualquier tipo de control que exista sobre las acciones de las Fuerzas Armadas.
Mariana Orozco de Datacívica también alertó sobre el riesgo de que la Guardia Nacional, en su papel militar, asuma responsabilidades que corresponden a la labor de investigación del Ministerio Público, incrementando así el poder del aparato militar en la seguridad y justicia del país. La preocupación por los derechos humanos y el control civil ante la militarización es un tema central en este debate.