La reciente actividad del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha generado controversia, especialmente por su decisión de avanzar en la elección de jueces y magistrados federales en 2025, a pesar de suspensiones judiciales que buscan frenar dicho proceso. Este movimiento fue posible gracias al voto del consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien ha mostrado una postura clara en favor de la implementación de la reforma judicial, incluso ante la oposición de jueces y magistrados.
Molina Martínez ha sido crítico con la lucha en contra de la reforma por parte de los trabajadores del Poder Judicial, sugiriendo que el futuro del sistema judicial recae en la voluntad del Congreso. Su votación fue determinante en la reciente decisión del CJF de enviar una lista de jueces y posiciones vacantes al Senado, lo que facilitará el proceso de elección popular para los nuevos juzgadores.
La tensión se ha intensificado entre el CJF y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, que ha reprochado la facilidad con que el Consejo está avanzando, considerando que hay resoluciones en espera que contradicen esta acción. Este episodio refleja la fractura dentro del Poder Judicial y el impacto de la reforma impulsada por el gobierno actual, que ha encontrado tanto respaldo como resistencia dentro de sus propias instituciones.
En resumen, la decisión del CJF, respaldada por una mayoría -incluyendo personas alineadas con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador- ha generado fuertes críticas y un clima de incertidumbre en el Poder Judicial, dado que algunos consideran que se está ignorando un proceso judicial ya en curso y se está presionando hacia cambios que no cuentan con un consenso amplio.