La reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha generado una fuerte controversia en México, especialmente con el anuncio de que su discusión se ha aplazado hasta febrero de 2025. A pesar de esto, la preocupación de diferentes sectores, incluidos organismos empresariales y sindicales, es evidente, ya que sienten que fueron ignorados por la mayoría del Senado, que cumplió con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum para aprobar rápidamente cambios que aumentarían el control del gobierno federal sobre el Infonavit.
Las modificaciones propuestas incluyen una mayor representación del gobierno en varios órganos de dirección del Infonavit, así como en los comités de vigilancia. Esto ha suscitado temores de que la supervisión y regulación del instituto, que maneja fondos en gran parte pertenecientes a los trabajadores, se vea debilitada. Uno de los puntos más inquietantes es la posibilidad de que el gobierno, y específicamente el actual director general del Infonavit, Octavio Romero, pueda utilizar los aproximadamente 2.5 billones de pesos de las subcuentas de vivienda para financiar una empresa que se encargaría de construir viviendas populares, lo que convierte recursos privados en un potencial medio para el impulso de proyectos gubernamentales.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el 14 de octubre, distintas organizaciones de trabajadores, incluyendo a algunos de los sindicatos más influyentes del país, manifestaron su descontento a través de desplegados y comunicados. Enfatizan que la falta de consulta y de un diálogo formal para discutir la reforma representa un atentado contra el sistema tripartito que ha sostenido al Infonavit. Según estos grupos, esta situación no solo debilitaría la capacidad de vigilancia sobre las inversiones del instituto, sino que también podría afectar la implementación de políticas públicas en el sector de vivienda.
El descontento se agrava por la percepción de que este tipo de reformas, sin un debate abierto, contradicen principios democráticos y de participación que deberían formar parte de decisiones que impactan a millones de trabajadores en México.