La magistrada María Emilia Molina de la Puente ha rechazado las acusaciones en su contra y de sus excolegas por supuestas irregularidades en la filtración de aspirantes al Poder Judicial vinculados con el crimen organizado. En respuesta a las críticas, Molina señala que el Senado es el responsable de las decisiones tomadas, actuando bajo directrices del Tribunal Electoral.
Recientemente, han surgido preocupaciones sobre la inclusión de candidatos con antecedentes relacionados con el narcotráfico en las listas del Poder Judicial. Ejemplos destacados incluyen a Silvia Delgado, quien fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z40”, exlíder del cartel de Los Zetas. La organización Defensorxs ha informado que se han encontrado múltiples "candidaturas altamente riesgosas", que, a pesar de los supuestos filtros de idoneidad establecidos por los comités en el marco de una reforma judicial, lograron pasar a través de los procesos de selección.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, reconoció el 22 de abril que habían sido identificadas fallas en los filtros para seleccionar a jueces, magistrados y ministros, advirtiendo que es inaceptable que defensores de narcotraficantes intenten obtener estos cargos, pues no cumplen con los estándares de probidad exigidos por la Constitución. La situación genera un debate sobre la eficacia de los mecanismos de selección en el actual contexto judicial en México.