Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el presidente de la República, y se expide la Convocatoria de Consulta Popular.
Según la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo 26, señala que cuando la pregunta sea realizada por el Ejecutivo Federal, este deberá enviarla a alguna de las dos cámaras, y la cámara receptora a su vez, deberá turnarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, en un plazo no mayor a veinte días naturales, deberá señalar si esta es procedente.
El texto original, que puede ser consultado en la página de presidencia, o en el dictamen de la Comisión de Gobernación¹, dista mucho de lo aprobado por la Suprema Corte y por el Congreso de la Unión. AMLO sigue sin entender que en el derecho y en el poder, la objetividad es garantista de la justicia, su proyecto está lleno de señalamientos que bien, por si solos, ya podrían haber iniciado una carpeta de investigación en contra de los expresidentes ahorrándonos todo el procedimiento.
Todo mundo se encontraba a la expectativa de qué respondería la Suprema Corte. A partir de la llegada de AMLO a la presidencia, la cacería por el control de los tres poderes ha sido constante. Los ataques han ido desde descalificaciones al poder judicial, acomodo de ministros afines a su partido y control presupuestal exhibiendo los excesos

muy cuestionables, por cierto

de dependencia económica con prestaciones ridículas y nepotismo a niveles ofensivos, donde el patrimonio de familias enteras fue sacado de este poder.
Bajo el control total de la Cámara de Diputados a manos de Morena y sus aliados, y el control parcial en el Senado, La Suprema Corte se convirtió en el único espacio de defensa ante reformas hechas a medida para que operara el gobierno actual, muchas de ellas, contradiciendo a la Constitución, como lo fue el caso de Remuneraciones, o la Ley de Austeridad; demandas y amparos colocados en este poder, hacían tambalear más sus débiles argumentos y leyes.
La respuesta de la Suprema Corte sorprendió al aprobar la consulta popular. Sin embargo, la pregunta cambió radicalmente, o sea que la suprema corte dijo si, pero no:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizarla justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Primero hay que recalcar que, la Suprema Corte bajo ningún motivo pudo haber negado un derecho ciudadano. Si bien la Ley Federal de Consulta Popular enumera los casos en la que esta ha de ser procedente, es parte del derecho internacional y de democracias modernas el garantizar la participación social, no podría haberse negado y acrecentar su mala fama.
Segundo: “nada ni nadie fuera de la Ley”. Al señalar el apego al marco legal, la Suprema Corte garantiza un proceso dentro de las leyes, y no una cacería de brujas con base en “el sentir” de los votantes

liberen a Barrabas…

así pues, aunque estos voten a favor de enjuiciarlos, si no hay pruebas suficientes, no habrá delito que perseguir, tal y como estamos en estos momentos.
Tercero, el documento enviado por AMLO es ambiguo. Si bien señala los nombres donde “él piensa”

reconociendo a la suma del poder ejecutivo en la figura presidencial

que hubo corrupción y sin citar un solo documento o investigación siendo que tiene las instituciones

como la FGR

para presentar algo más sólido, se diluye en lo discursivo. Al respecto la Suprema Corte en un enunciado resume páginas: “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
Por último, la Suprema Corte garantizó la figura de presunción de inocencia en la pregunta. No existen nombres, señalamientos, o penas que anticipen la culpabilidad de las personas que serán enjuiciadas.
En pocas palabras, obedeció al capricho presidencial del pan y circo, los simpatizantes obtienen la consulta que en su ideario, es solo para enjuiciar a los “corruptos” “expresidentes” enemigos de la causa; pero al mismo tiempo, conserva los principios que este poder debe defender y garantizar a cualquier ciudadano, quedando bien con todos y con ninguno.

_________________________________________________________________________________________ ¹http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/oct/20201022-II.pdf


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