La situación descrita en Puebla se centra en la lucha de los pobladores de la región de Cholula contra el basurero intermunicipal, el cual ha sido objeto de controversia debido a su impacto ambiental y su funcionamiento irregular. Tras un plantón de cinco meses, la comunidad logró que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) clausurara definitivamente el basurero, que supuestamente pertenece al senador electo por Morena, Cuauhtémoc Ochoa.
Los residentes, organizados en la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, han manifestado que, aunque celebran este avance en la justicia ambiental, aún hay tareas pendientes, como la remediación y reparación de los daños causados por el basurero. La clausura se fundamentó en que el sitio había superado su vida útil y no había cumplido con las medidas correctivas impuestas por la Profepa para mitigar la contaminación.
Además, los pobladores utilizaron un amparo legal para forzar a la Profepa a volver a cerrar el basurero, después de que esta retirara previamente los sellos de clausura, a pesar del incumplimiento por parte de la empresa operadora. Las investigaciones realizadas por los vecinos revelaron que el basurero había crecido más allá de los límites permitidos y que no operaba como un relleno seco, como había sido inicialmente propuesto.
La comunidad también ha hecho un llamado a las autoridades estatales, incluyendo al gobernador Salomón Céspedes Peregrina y al secretario de Gobernación, Javier Aquino, cuestionando su apoyo a la operación del basurero, a pesar de los evidentes problemas ambientales que ha provocado. Esta movilización subraya la importancia del activismo comunitario en la protección del medio ambiente y en la exigencia de responsabilidades a las autoridades y a las empresas involucradas.