La reciente publicación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo sobre los aspirantes que avanzan en el proceso para la elección judicial ha generado controversia debido a la forma en que se realizó la evaluación. Más de 7 mil candidatos fueron considerados aptos, tras una revisión que incluyó la corrección de errores, como la repetición de nombres.
Una de las mayores dificultades enfrentadas por el Comité fue la falta de información en los certificados de estudios de los aspirantes, específicamente en lo que respecta al promedio general. Se informó que el 30% de estos documentos no incluían el dato del promedio, lo que llevó al Comité a tener que calcular manualmente el promedio de los alumnos, sumando las calificaciones de cada materia para verificar si cumplían con el requisito constitucional de un promedio mínimo de 8.0.
Cabe destacar que según la reforma constitucional, el promedio debe referirse a las materias relacionadas directamente con el cargo al cual se postula el aspirante, y no a un promedio general. Esto sugiere que el Comité podría haber interpretado de manera errónea los requisitos establecidos.
Además, se mencionó a Luis Alfredo Damacio Chávez, un aspirante originario de Guatemala y naturalizado mexicano, quien fue considerado inelegible para el cargo de Juez de Distrito en el Tribunal Laboral Federal, ya que la reforma especifica que los jueces deben ser mexicanos de nacimiento. Sin embargo, este caso ha generado debate, ya que otros comités, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, lo consideran elegible.
La situación resalta la importancia de una evaluación más clara y alineada con los criterios establecidos en la ley para garantizar la transparencia y la legitimidad en el proceso de selección de los jueces.