El debate sobre la reforma judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue un proceso caracterizado por tensiones y desacuerdos significativos entre los ministros. Este se llevó a cabo en un contexto donde ya estaba vigente una reforma constitucional, lo que complicó aún más la discusión.
Desde temprano, los ministros se prepararon para abordar el asunto, destacándose Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien presentó un proyecto que se encontró con la oposición de tres ministros reconocidos: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Batres propuso aplazar el debate considerando los efectos de la nueva reforma que prohíbe la impugnación de cambios a la Constitución, lo que generó una discusión adicional sobre la aplicabilidad de esta norma en el caso específico.
A pesar de los intentos de Batres por replantear la discusión, la mayoría de los ministros optó por proseguir con el análisis. Esta decisión refleja un cambio en la dinámica del debate, dado que anteriormente varios de ellos se habían manifestado en contra de la elección popular de los jueces. Durante el análisis, un nuevo oponente al proyecto emergió: Alberto Pérez Dayán, quien argumentó a favor de abordar el debate desde la perspectiva de los derechos humanos y la necesidad de encontrar formas de protección que no se centraran únicamente en cuestiones electorales.
La tensión y la complejidad del debate sobre la reforma judicial son indicativas de las profundidades ideológicas y jurídicas que marcan este proceso, lo que sugiere que el camino hacia la mejora del sistema judicial en México continúa siendo un tema controvertido y desafiante.