El 1 de agosto, uno de los sobrevivientes del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez recibió un correo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que buscaba conseguir su apoyo para una propuesta de "solución alterna" presentada por Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien está imputado en el caso.
El mensaje indicaba que Garduño no era el "directamente responsable" del incendio y que debía tener este beneficio, lo que generó preocupaciones entre los sobrevivientes y las organizaciones civiles que los apoyan. Estas organizaciones manifestaron que el CEAV estaba presionando a las víctimas para que no se opusieran a la solicitud de Garduño, justo antes de una audiencia programada para el 12 de agosto.
Activistas señalaron que el Poder Judicial Federal ya había negado previamente a Garduño un beneficio similar por proponer solo reparar los daños a las instalaciones y no considerar a los familiares de las víctimas y sobrevivientes. Esta situación ha suscitado críticas sobre la postura de la CEAV y la manera en que se está manejando el proceso judicial en relación al trágico suceso que cobró la vida de 40 personas.