La reciente presentación de iniciativas para la despenalización del aborto en Yucatán, formuladas por diputadas de Morena y Movimiento Ciudadano, se enmarca en un contexto de cambios legales y sociales respecto a los derechos reproductivos en México. A pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023 que declaró inconstitucional la criminalización del aborto, aún persisten casos preocupantes en los que mujeres son acusadas de delitos graves como el feminicidio, al ser vinculadas a situaciones relacionadas con la interrupción del embarazo.
Amelia Ojeda, abogada y asesora de UNASSE, ha destacado la gravedad de la criminalización que afecta tanto a las mujeres como al personal de salud que las asiste. Esto resalta la necesidad de reformas legislativas que protejan los derechos sexuales y reproductivos, así como de abolir las normativas vigentes que continúan estigmatizando y penalizando a las mujeres.
Desde su fundación en 1994, UNASSE ha sido pionera en la defensa de estos derechos en Yucatán, ofreciendo servicios de salud reproductiva y acompañando a mujeres en situaciones de aborto, lo que refleja una lucha constante por la dignidad y la salud de las mujeres de la región. Además, el amparo logrado en 2021 fue un hito significativo, ya que no solo benefició a la organización, sino que se extendió a todas las personas con capacidad de gestar en Yucatán, lo que representa un avance en la legalidad y el reconocimiento de estos derechos.
La iniciativa de ley presentada por Clara Rosales se basa en el trabajo colaborativo con diversas organizaciones y busca concretar un cambio normativo que refleje el contexto actual y las decisiones tomadas por el máximo órgano judicial del país. Esta situación enfatiza la importancia de seguir trabajando en la legislación para garantizar que los derechos reproductivos estén protegidos y que no haya más criminalización hacia las mujeres que enfrentan decisiones relacionadas con el embarazo.