El 5 de noviembre, un violento incidente en Hidalgo resultó en la liberación de dos reos acusados de secuestro mientras eran trasladados para una audiencia intermedia. Este suceso ha puesto de relieve las deficiencias en la seguridad y condiciones de trabajo de los policías procesales, quienes han notificado previamente al gobierno estatal sobre sus preocupaciones, como la falta de armamento adecuado, equipo táctico, y hasta botas apropiadas para realizar su labor.
Según los relatos de los agentes y sus familias, las condiciones laborales son insostenibles. A pesar de que el departamento de policía procesal fue creado en 2016 y ha incrementado su personal de 20 a 57 agentes, estas cifras aún son insuficientes para el volumen de trabajo, que incluye entre 100 y 120 audiencias diarias en la entidad. Esta saturación obliga a los policías a transportar peligrosos reclusos con recursos limitados, lo que pone en riesgo tanto su seguridad como la de los internos.
En el incidente reciente, dos agentes, identificados como V.E.G.B. y F.A.M., están en el centro de la controversia, enfrentando cargos por evasión de presos después de que un grupo armado los interceptara. A pesar de su defensa, el ministerio público sostiene que pudieron haber solicitado apoyo. El juez ha determinado su vinculación a proceso, lo cual ha generado un clima de temor entre los miembros del cuerpo policial.
Los agentes también reportan que, debido a la presión de cumplir con los traslados, se han visto en situaciones que contravienen los Protocolos de Traslado al tener que manejar múltiples reclusos de diferentes niveles de peligrosidad en un mismo viaje. Esta falta de atención a la seguridad esencial ha llevado a preocupar a los agentes sobre su vida y la de los prisioneros que deben trasladar, especialmente en áreas con distintas problemáticas delictivas.
El escenario actual resalta un desafío mayor en la capacidad operativa y la atención que deben recibir las fuerzas de seguridad en Hidalgo, además de la necesidad de asegurar que se protejan tanto los derechos de los internos como la seguridad de quienes se encargan de su custodia.