La situación de la jueza Karina Martínez Jiménez en Coahuila refleja serios problemas de acoso laboral y resistencia institucional dentro del sistema judicial. A pesar de haber denunciado acoso laboral por parte del administrador del Centro de Justicia en Piedras Negras y de haber sido testigo en un caso de corrupción, las autoridades no han actuado en defensa de sus derechos.
La jueza reporta haber enfrentado represalias que incluyen la negación de sus días de vacaciones y amenazas directas tras presentar su denuncia. Esto se agrava con la aparente protección que recibe el administrador del Centro de Justicia por parte de altos funcionarios del gobierno estatal y del Poder Judicial, lo que sugiere un entorno de impunidad.
Además, la juez presentó un amparo que se le concedió, indicando que su situación no solo es un caso de acoso laboral, sino que también está relacionado con intentos por silenciar voces críticas dentro del sistema judicial. La tardanza del Consejo de la Judicatura en actuar, y su decisión tardía de suspender las labores de la jueza, pone de manifiesto la falta de respuesta oportuna para proteger a quienes denuncian irregularidades.
Este tipo de incidentes subraya la importancia de contar con mecanismos de protección efectivos para los trabajadores del sector justicia que enfrentan acoso o represalias por ejercer sus funciones y poner al descubierto irregularidades. La preservación de un sistema judicial independiente y justo es crucial para garantizar que se manejen adecuadamente los casos de corrupción y acoso dentro del mismo.