El reciente cambio en la estructura de la evaluación educativa en México ha suscitado la preocupación de académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil. Estos expertos han expresado su inquietud por el traslado de las funciones de organismos evaluadores a la Secretaría de Educación Pública (SEP), instando al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo a presentar un "Plan Integral" para asegurar la calidad en esta tarea.
El pronunciamiento, publicado en el portal "Educación Futura", destaca que la reforma legislativa sobre la evaluación educativa representa un desafío crucial. Los firmantes alertan que esta reestructura podría resultar en un debilitamiento de la calidad de la información producida sobre el sistema educativo y en cuestionamientos sobre la confiabilidad de los métodos utilizados para medir y evaluar la educación en el país.
Se enfatiza que durante dos décadas, el magisterio y diversas organizaciones lograron establecer un sistema de evaluación robusto y transparente que respalda la credibilidad de los informes sobre el avance y los resultados del Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, la desaparición de entidades clave como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha generado inquietud sobre la eficiencia y efectividad que la SEP podrá garantizar en el manejo de estas nuevas responsabilidades.
Asimismo, se señala la necesidad de mantener la transparencia y adecuación cultural en un país diverso, lo que requeriría de acuerdos y acciones concretas para avanzar en el proceso educativo. Los académicos hacen un llamado a las autoridades para que se establezca una división dentro de la SEP que se enfoque en la evaluación educativa y contribuya a una valoración justa del esfuerzo realizado por las escuelas y entidades, permitiendo también ajustar las políticas públicas para definir metas alcanzables y monitoreables.