La expansión del catálogo de delitos que implican prisión preventiva oficiosa en México ha generado preocupaciones significativas sobre los derechos humanos, según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Este organismo advirtió que dicha medida es “perjudicial y regresiva”, ya que contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En un comunicado, la ONU-DH subrayó que la detención automática de personas no solo viola sus derechos humanos, sino que también desincentiva la investigación efectiva de delitos y contraviene sentencias y recomendaciones internacionales previas. La prisión preventiva oficiosa, tal como se establece, impone un castigo anticipado y puede considerarse una detención arbitraria, afectando especialmente a la población más vulnerable.
La ONU-DH argumenta que esta figura legal, en lugar de ser una herramienta para asegurar la justicia, socava la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal, el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad personal. Además, indica que la implementación de esta medida podría comprometer la eficacia en la persecución de delitos y la orientación hacia un enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.
En el contexto judicial, la ONU-DH hizo hincapié en que la prisión preventiva oficiosa también amenaza la independencia del poder judicial y el derecho a una revisión adecuada por parte de este. Este análisis se encuentra respaldado por las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que realizó una visita a México este año.