La situación descrita en Puebla en torno a la posible designación de Víctor Manuel Sánchez Ruiz como parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ha generado preocupación y rechazo entre diversas organizaciones, periodistas y activistas. Su vinculación previa con el gobierno de Mario Marín Torres, así como su papel como contralor y su aparente omisión ante casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, son factores que alimentan el escepticismo sobre su idoneidad para ocupar un cargo en una institución destinada a promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Las críticas se centran, entre otros aspectos, en su gestión entre 2005 y 2011 en lo que era la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, período en el cual se le acusa de encubrir irregularidades graves, como es el caso de la detención arbitraria y tortura sufridas por la periodista Lydia Cacho. Estas acusaciones han llevado a varios sectores de la sociedad a cuestionar la posibilidad de que alguien con dicho historial participe en la lucha contra la corrupción.
La respuesta de la sociedad civil ante esta situación resalta la importancia de fomentar instituciones realmente transparentes y comprometidas con la defensa de los derechos humanos, así como la rendición de cuentas. El contexto también sugiere una reaparición de elementos del gobierno de Marín en la política actual, lo que podría generar preocupaciones sobre la continuidad de prácticas corruptas en la administración pública.