Los comentarios de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, sobre la elección de jueces en 2025, han generado un debate acalorado y críticas por parte de la oposición política en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está revisando la constitucionalidad de una reforma judicial, y la afirmación de Noroña sobre que el proceso se llevará a cabo a pesar de esto, ha disparado alarmas.
El senador Alejandro Moreno, del PRI, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto. Destacó la importancia de acatar las leyes y advirtió que ignorar las resoluciones legales podría llevar a una crisis constitucional en el país. Moreno subrayó las posibles consecuencias de no respetar las suspensiones de amparo, sugiriendo que esto podría fomentar un caos jurídico y un clima de desobediencia a las normativas establecidas.
Por su parte, Ricardo Anaya, del PAN, comentó que el desacato a las leyes refleja soberbia y presentó preocupaciones sobre cómo tal actitud podría provocar una crisis de constitucionalidad. Anaya hizo énfasis en que es fundamental que todos los órganos del Estado respeten sus atribuciones y las decisiones de los demás, sugiriendo que la falta de respeto hacia estas normas puede llevar a un deterioro del orden constitucional.
Ambos legisladores coincidieron en que la reforma propuesta no contribuirá a fortalecer los contrapesos necesarios en el sistema judicial y político del país, considerando que se trata de un engaño para la ciudadanía. La situación refleja una creciente tensión entre el poder legislativo y el sistema judicial en México, con implicaciones serias para el estado de derecho y la gobernabilidad.