La Coalición para la Justicia Corporativa (CJC) está promoviendo una iniciativa legislativa en el Reino Unido para asegurar la rendición de cuentas de las empresas británicas cuyas actividades afectan negativamente tanto al medio ambiente como a los defensores de los derechos humanos. Este impulso se ha impulsado desde 2022, respaldado por una significativa cantidad de ciudadanos (más de 126 mil) que apoyan la creación de leyes que responsabilicen a estas empresas por las consecuencias de sus operaciones en todo el mundo.
Un caso mencionado por la CJC es el del Ejido El Bajío en Sonora, México, donde la actividad minera de Minera Penmont, una filial de Fresnillo PLC (una empresa británica), ha sido objeto de controversia. A pesar de que los tribunales agrarios dictaminaron que la empresa operaba ilegalmente en tierras comunales, los defensores de los derechos de la comunidad que han buscado justicia han enfrentado graves represalias, incluidas detenciones arbitrarias y asesinatos.
El informe de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) destaca la conexión entre las operaciones comerciales británicas y los ataques a defensores de derechos humanos a nivel global. Desde 2015, se han registrado 209 ataques a defensores relacionados con empresas británicas, lo que subraya la urgencia de la legislación que promueve la CJC. Con el objetivo de generar cambios significativos, la coalición hace un llamado a la ciudadanía del Reino Unido para firmar la petición, abogando por una legislación que garantice la vigilancia y sanción de empresas por sus impactos en los derechos humanos y el medio ambiente.