El caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años en Querétaro, ha captado la atención nacional e internacional debido a la manera en que se ha manejado la justicia en su contra tras ser víctima de violación. La Fiscalía General del Estado ha reconstruido su situación legal al clasificar un aborto espontáneo como homicidio calificado, lo que ha llevado a un proceso judicial en su contra, en lugar de abordar la violación que la llevó a esta situación.
Varias agencias de Naciones Unidas, incluyendo el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ONU-Mujeres, UNICEF y UNFPA, han expresado su condena ante esta situación, subrayando que todas las niñas y mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual deben ser reconocidas como víctimas y tener acceso a justicia y protección adecuada. Además, han hecho un llamado a no revictimizar ni criminalizar a las sobrevivientes.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también se ha manifestado en contra de la criminalización de Esmeralda y ha reiterado que la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado que es inconstitucional criminalizar el aborto. Este caso ha suscitado una fuerte indignación entre organizaciones feministas y defensores de derechos humanos, quienes piden que se priorice el bienestar y la protección de la menor y se lleve a cabo una investigación adecuada del abuso que sufrió.