Integrantes de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres migrantes han hecho un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que implemente políticas públicas efectivas que apoyen a las personas en riesgo de deportación de Estados Unidos y a quienes han sido obligadas a regresar a México. Durante una conferencia de prensa, representantes del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) y de Justice for Migrant Women destacaron que los consulados mexicanos no están brindando suficiente asistencia jurídica a los connacionales en EE.UU., limitándose a ofrecer listas de abogados pro bono.
Rossy Antúnez, de Imumi y deportada hace más de una década, criticó la falta de atención hacia las mujeres deportadas y la ineficacia de la estrategia “México te abraza”, que no se traduce en una política pública real. Señaló que este sería el cuarto sexenio en el que persiste una “crisis de deportación masiva” sin que el gobierno mexicano atienda adecuadamente a los repatriados. Antúnez cuestionó la efectividad de los programas lanzados para mitigar el impacto de las deportaciones, argumentando que en lugar de ayudar de manera efectiva, simplemente fortalecen la presencia institucional en la frontera, mientras que muchos deportados intentan regresar a sus comunidades, donde enfrentan problemas como el crimen organizado y la falta de oportunidades laborales.
Además, destacó que muchas personas deportadas terminan en situación de calle en la Ciudad de México, a menudo sin ser reconocidas, y sufren las secuelas de la deportación y de la separación familiar, lo que agrava problemas de salud mental, especialmente entre las mujeres.