Se anuncia en Morelos, la creación del Observatorio de Crímenes de Odio contra las personas LGBT su finalidad es poder visualizar incidir en el acceso a la justicia de las víctimas de “una de las más brutales expresiones de la violencia contra la población de la diversidad sexual”.
Durante la instalación de este proyecto, se dio a conocer que por muchos años, México ha ocupado el segundo lugar entre los países con más crímenes de odio contra la población LGBT, siendo una constante la falta de justicia.
De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en México, de los casi 250 casos registrados, solo para los 10 estados de la primera etapa en 2019 y lo que va del 2020, alrededor del 70% permanecen impunes.
Uno de los antecedentes de esta iniciativa nacional es la investigación sobre atención a los derechos de la población LGBTI coordinada por Fundación Arcoiris, A.C. en 2015, y en el caso de Morelos, en 2017 por Ars Socialis, A.C.
También se fundamenta en un grupo de siete recomendaciones que en 2018 la ONU hizo a México como resultado del Examen Periódico Universal, dos de las cuales están directamente relacionadas con los crímenes de odio.
Estas recomendaciones fueron un resultado directo del informe que un grupo de organizaciones, entre ellas Fundación Arcoiris, A.C., hizo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2017, en el que se daba cuenta de la gravedad del problema de los crímenes de odio en México. La primera de esas recomendaciones urge al Estado Mexicano a que lleve a cabo un registro de la situación de este lacerante crimen en el país y sus entidades federativas.
Sus orígenes, sin embargo, se remontan a los años en que se reportaban crímenes de odio contra personas LGBT con información basada en revisión hemerográfica de manera exclusiva, y en los que no se reportaban agresiones contra mujeres lesbianas, entre otras inconsistencias.
En este sentido, esta iniciativa tiene tres líneas de acción enfocadas en atender la gravedad de los crímenes de odio en el país desde las organizaciones de la sociedad civil y consisten en: 1 el registro de casos para su reconocimiento y visibilidad; 2 el establecimiento de alianzas de trabajo estratégicas con los medios de comunicación para el manejo preciso y adecuado de la información, y 3 promover procesos de incidencia política con miras a la reducción de casos y de la impunidad.
Esta red articulada de organizaciones en México comenzó en 2019 en su fase inicial con la participación de 10 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz. En esta segunda etapa que está iniciando, se integran otros estados, entre ellos Morelos.
En Morelos la red se constituye en un primer momento por organizaciones y colectivos de Tlaltizapán, Xochitepec y Jonacatepec, además de las Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla. Sin embargo, se espera que la red crezca para cubrir más localidades, de tal manera que los casos se registren no solo a partir de fuentes hemerográficas, sino desde las personas LGBT en sus en sus propias comunidades en todo el estado.

Fuente: La Jornada.Imágenes: fundación arcoiris.