es un contrato firmado en 1999 durante la administración de Alejandro Gertz Manero, cuando este era secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal. La deuda se refiere a la compra de casi 9,000 chalecos antibalas para el cuerpo de seguridad, y el total a pagar asciende a más de dos millones de dólares.
El juez federal que llevó el caso decidió no otorgar el amparo solicitado por el gobierno actual de la Ciudad de México, que busca evitar el pago de esta deuda. En su resolución, el juez argumentó que la justicia no ampara al gobierno capitalino en este asunto, permitiendo así que las autoridades responsables mantengan la obligación de cumplir con el pago.
El gobierno de Martí Batres ha decidido impugnar esta decisión mediante un recurso de revisión, lo que significa que el caso será revisado por un tribunal colegiado que evaluará si el amparo debe ser concedido o no.
Esta situación refleja las complicaciones jurídicas y financieras que enfrenta la administración actual, heredando obligaciones de administraciones anteriores. Además, pone de relieve la relación entre los contratos gubernamentales y las responsabilidades financieras que persisten mucho después de que se ejecutan los acuerdos iniciales. La resolución del tribunal colegiado será crucial para determinar el futuro de esta deuda y las acciones del gobierno de la Ciudad de México.