La comisionada del INAI, Julieta del Río, ha expresado su preocupación por la situación de incertidumbre que enfrentan los trabajadores de la institución tras el decreto publicado el 20 de diciembre que ordena su desaparición. Según el decreto, el INAI tiene un plazo de 90 días para transferir sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pero aún no hay claridad sobre el futuro de los empleados.
Del Río denunció que no se ha garantizado un presupuesto para liquidaciones, lo que deja a los trabajadores sin la compensación que merecen tras años de servicio. Además, mencionó que había una opción para ofrecer un programa de terminación voluntaria que permitiría a los trabajadores de mayor antigüedad recibir tres meses de salario si decidían dejar sus empleos, pero no se llegó a un consenso entre los comisionados para llevarlo a cabo.
La falta de claridad sobre el destino de los empleados y la ausencia de un plan adecuado para asegurar sus derechos laborales ha llevado a un ambiente de tensión y preocupación entre el personal del INAI.