La preocupación por la militarización de la seguridad pública en México es un tema recurrente y complejo, como se expone en el informe de Amnistía Internacional. Después de dos décadas de confiar en las Fuerzas Armadas para gestionar la seguridad, el informe sostiene que esta estrategia ha sido ineficaz, incapaz de reducir la violencia y el crimen, y ha llevado a violaciones de derechos humanos.
Según los datos presentados, la violencia ha continuado en aumento, con cifras alarmantes de desapariciones y asesinatos desde 2007 hasta 2024. Esto sugiere que el enfoque militarizado no solo ha fallado en su objetivo principal, sino que también ha perpetuado un ciclo de violencia y vulnerabilidad para ciertos grupos en la sociedad, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas.
Amnistía Internacional critica la manera en que se ha incorporado a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, destacando que esto ha promovido una doctrina de "obediencia y heroísmo" entre las fuerzas policiacas, lo que puede llevar a abusos de poder y a una mayor impunidad. La organización también subraya que abordar problemas de seguridad con una mentalidad similar a un conflicto armado ha llevado a un uso desmedido de la fuerza, en lugar de fomentar soluciones que respeten los derechos humanos y atiendan las causas subyacentes de la violencia.
Además, se menciona que esta militarización ha aumentado la percepción negativa sobre la policía, alimentando estigmas de corrupción e ineficiencia. En resumen, el informe de Amnistía Internacional aboga por un cambio de paradigma hacia una seguridad que priorice los derechos humanos y que implique a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones duraderas para la violencia en México.