La tragedia del adolescente Armando Hernández Gallardo en Nuevo Laredo ha suscitado indignación y preocupación por el uso de la fuerza por parte de elementos del Ejército mexicano. Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Armando, de 16 años, fue alcanzado por disparos durante una balacera que se registró mientras soldados perseguían a los ocupantes de una camioneta. La organización ha denunciado la falta de atención médica adecuada y el silencio de las autoridades ante este caso.
A pesar de los llamados realizados por la familia de Armando a altos funcionarios del gobierno, como el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, no hubo respuesta, lo que se interpreta como una protección a los abusos de las fuerzas armadas. La situación se complicó aún más cuando el adolescente no pudo recibir atención en dos hospitales del IMSS debido a problemas con su cartilla de derechohabiente, lo que retrasó su tratamiento.
Finalmente, fue ingresado en un hospital particular, donde se le realizó una cirugía por las lesiones sufridas, pero, lamentablemente, no logró sobrevivir debido a las complicaciones médicas resultantes del disparo. Este caso ha levantado serias preocupaciones sobre la impunidad y el trato a la población civil por parte de las fuerzas armadas en México, así como sobre la necesidad de una revisión de los protocolos de uso de fuerza y atención médica en situaciones de emergencia. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha abierto una investigación, pero la respuesta de las autoridades todavía se encuentra bajo un manto de cuestionamiento por parte de los defensores de derechos humanos.