La situación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, refleja un contexto de creciente preocupación entre organizaciones de derechos humanos debido a la detención del defensor tsotsil Mario Gómez López. Su arresto, realizado en el marco de un esquema de seguridad que ha sido criticado por su enfoque militarizado y por las detenciones masivas, ha generado protestas por parte de más de 50 colectivos y organizaciones que cuestionan las políticas del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en materia de seguridad.
Mario Gómez fue arrestado el 24 de enero cuando se dirigía a trabajar como albañil y, tras ser detenido por la policía municipal, fue rápidamente trasladado al penal de El Amate, donde se enfrenta a acusaciones que las ONG consideran tienen un trasfondo político. Este acto de detención ha suscitado críticas por la supuesta vulneración del debido proceso, incluyendo restricciones a su derecho a comunicarse con sus abogados y su pareja, Pascuala López, quien también es defensora de derechos humanos.
Las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, enfatizan que la detención de Mario está conectada con la búsqueda de justicia relacionada con el asesinato de su hijo, Mateo Gómez López, en 2021. Mateo había sido objeto de hostigamiento por su negativa a ser reclutado por un grupo delictivo, lo que sitúa a la pareja en una perspectiva de permanente riesgo y vulnerabilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había otorgado protección a Pascuala y su familia, reconociendo la gravedad de la situación. Las organizaciones que apoyan a Mario y Pascuala continúan denunciando las violaciones a sus derechos y exigen transparencia y justicia en su caso.