La reciente aprobación de la reforma al Infonavit en la Cámara de Diputados ha generado un intenso debate entre los diferentes grupos parlamentarios. La reforma, impulsada por los diputados oficialistas y el partido Movimiento Ciudadano, busca regular la gestión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y le otorga nuevas facultades, como la construcción de viviendas a través de una empresa filial.
Con 346 votos a favor y 90 en contra, la reforma fue aprobada en la primera sesión del segundo periodo ordinario, pero ahora regresará al Senado para su revisión debido a las modificaciones realizadas en la Cámara Baja. Entre los cambios destaca la inclusión del carácter tripartito de la institución en los comités de vigilancia, auditoría y transparencia, así como la consideración de ciertos recursos como públicos bajo la Ley de Fiscalización.
Uno de los puntos clave de la reforma es el derecho de los trabajadores a participar en un programa de arrendamiento social tras un año de cotización continua, además de la opción de compra de viviendas cercanas a su lugar de trabajo.
Los legisladores de Morena defienden que la reforma beneficiará a miles de trabajadores al promover viviendas con un enfoque social. Por otro lado, los representantes del PAN y el PRI han criticado la medida, acusando a Morena de intentar apropiarse de la subcuenta de vivienda de los trabajadores, que suma más de dos billones de pesos. El coordinador de la bancada panista, José Elías Lixa, ha calificado la reforma de "atraco" a los trabajadores, resaltando las preocupaciones sobre las implicaciones económicas y la administración de los recursos involucrados.
En resumen, la discusión sobre la reforma al Infonavit revela una profunda división entre las fuerzas políticas sobre la administración de los recursos del fondo de vivienda y el acceso a vivienda digna para los trabajadores.