La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de México ha sido objeto de debate en torno a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite que los candidatos a juzgadores financien sus propias campañas. A pesar de que la propuesta de invalidación fue apoyada por algunos ministros de la Corte, no logró la mayoría necesaria, quedando en la controversia sobre los principios de equidad y financiamiento en el proceso judicial.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo planteó que la reforma contradice la prohibición constitucional de financiamiento público y privado para las campañas de quienes aspiran a ocupar cargos en el Poder Judicial. Este aspecto fue defendido por otros ministros, quienes señalaron que permitir que los candidatos cubran sus propios gastos podría generar un desequilibrio, favoreciendo a aquellos con más recursos económicos.
En el análisis, las ministras cercanas a la 4T (Movimiento de Regeneración Nacional) votaron en contra de la propuesta de invalidación, lo que refleja la polarización en el ámbito judicial y político. La oposición alertó sobre el riesgo que esta reforma representa para la equidad en la contienda, uno de los pilares de la democracia en el país.
De cara a la elección judicial programada para junio, la discusión sobre las reglas y condiciones de las campañas sigue generando inquietud sobre la integridad del proceso y los principios que deben prevalecer en la selección de jueces y ministros.