Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz han expresado su desacuerdo con la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender labores. Esta resolución fue tomada por mayoría de 8 votos, en respuesta al paro nacional que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron el 19 de agosto como protesta contra una reforma judicial.
En un comunicado conjunto, las ministras afirmaron que es su responsabilidad constitucional como Ministras ejercer sus funciones y ofrecer el servicio público de impartición de justicia. También señalaron que, al omitir sus responsabilidades, los ministros que decidieron suspender labores podrían enfrentar un juicio político que podría resultar en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Además, argumentaron que el personal de confianza, incluidos los ministros de la Corte, no tiene derecho a hacer huelga, conforme a jurisprudencias previas de la propia SCJN. En este sentido, subrayaron que al optar por la suspensión de labores, sus compañeros debieron abstenerse de recibir su sueldo durante dicho periodo, ya que la omisión en la prestación del servicio público podría constituir un delito de corrupción según el Código Penal Federal.
Este contexto refleja la tensión y el conflicto interno en la SCJN respecto a las manifestaciones en contra de la reforma judicial, así como las implicaciones legales y éticas de la suspensión de labores en el ámbito judicial en México.