La situación en el Congreso del Estado de Michoacán ha generado controversia debido a la aprobación de una reforma estatal en materia judicial, a pesar de las medidas cautelares emitidas por juzgados federales. La reforma, promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fue aprobada con 30 votos a favor de Morena y sus aliados, y 8 en contra de la oposición, en un ambiente tenso que incluyó resguardo policial en el Palacio Legislativo.
Desde el 17 de octubre, se había notificado al Congreso sobre la suspensión dictada por el juez sexto de distrito de Uruapan, René Castro Lara, en el contexto del juicio de amparo 770/2024. El juez ordenó que la Legislatura no realizaría modificaciones a la Constitución local relacionadas con la reforma judicial, la cual había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
Los diputados de la oposición, incluyendo a Ana Vanessa Caratachea (PAN), Adriana Campos (PRI) y el independiente Conrado Paz, manifestaron su preocupación por la inclusión de la reforma en el orden del día, argumentando que constituía un desacato a la orden judicial. Cuestionaron al presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña, sobre la falta de información sobre las notificaciones judiciales y su número.
Magaña, en respuesta, mencionó que además de la suspensión de Uruapan había otras seis suspensiones de juzgados de Guadalajara y afirmó que se había informado a las comisiones encargadas de la dictaminación. Argumentó que los legisladores debían considerar el cumplimiento de la suspensión judicial frente a las disposiciones de la Constitución General de la República.
Esta situación resalta el conflicto entre la actividad legislativa y la autoridad judicial, así como las tensiones políticas en el estado de Michoacán.