El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentra en una situación complicada tras recibir una queja relacionada con el impacto ambiental del megaproyecto ferroviario entre Ímuris y Nogales, Sonora. Este proyecto, que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, ha sido objeto de críticas por irregularidades, incluyendo la falta de estudios de impacto ambiental y la inexistencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) adecuada.
La queja fue presentada ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) por dos organizaciones ambientalistas: Defensa Ambiental del Noroeste y el Centro para la Diversidad Biológica, las cuales han argumentado que se han incumplido normas ambientales debido a omisiones en la aplicación de la legislación pertinente. En su lugar, el gobierno presentó una "autorización provisional", la cual no se encuentra contemplada en la Ley General Para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEGPA).
En una conferencia de prensa, Sheinbaum se refirió al proyecto como un "libramiento" que busca desviar el paso del tren por la ciudad de Nogales. Sin embargo, su administración tiene un plazo hasta el 2 de enero para responder formalmente a la CCA sobre las preocupaciones planteadas en la queja, después de que esta fuera admitida el 1 de noviembre como la petición SEM-24-003. Las organizaciones que presentaron la queja esperan que su reclamo sea tomado en cuenta y que se realicen las evaluaciones necesarias para proteger el medio ambiente en la zona afectada.