La situación que describe la colectiva feminista Ehécatl sobre la desaparición de María Guadalupe Rojas Cruz es alarmante y plantea preocupaciones importantes sobre la protección de menores y la respuesta de las autoridades. El caso muestra una evidente diferencia en el tratamiento de las desapariciones, dependiendo de la nacionalidad o la apariencia de las personas involucradas, lo que subraya problemáticas de discriminación y desigualdad en la atención de casos de violencia y desapariciones.
La historia de Guadalupe, quien parece haber estado en una situación vulnerable y haber sido víctima de explotación, refleja los riesgos a los que se enfrentan muchas adolescentes en contextos similares. Además, la falta de acción efectiva y seguimiento por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) y la Fiscalía de Desaparecidos pone de relieve la necesidad de una respuesta más contundente y humana ante casos de desaparición, especialmente en el contexto de menores.
Es fundamental que las autoridades adopten un enfoque proactivo en la búsqueda de desaparecidos y que se asegure una protección adecuada para aquellos en situación de vulnerabilidad. La presión de organizaciones como Ehécatl puede ser clave para visibilizar estos casos y exigir acciones que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las personas, independientemente de su origen o condición. La movilización social y la visibilidad mediática son herramientas cruciales para mantener la atención en estos casos y presionar por cambios necesarios en las políticas de protección a menores y en la atención a víctimas de violencia.