El informe presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los comentarios de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacan una profunda preocupación sobre la integridad del Poder Judicial en México. López Obrador acusa al Poder Judicial de convertirse en un "protector de las mafias del poder económico y político", señalando irregularidades que, según él, dañan la democracia y la justicia en el país.
Por su parte, Alcalde defiende la independencia del Poder Judicial y niega que el Ejecutivo tenga la intención de controlar la Suprema Corte de Justicia. Ella explica que el sistema actual de designación de ministros permite que, en caso de rechazo de las ternas presentadas por el presidente, el mismo tenga la facultad de influir en la elección de los magistrados, subrayando que el presidente puede designar a los ministros directamente si se presentan rechazos consecutivos en el Senado.
La discusión se intensifica al referirse a comportamientos dudosos dentro del Poder Judicial, mencionando un evento en el que la ministra Piña convocó a una cena privada con figuras políticas relevantes y magistrados, justo en un momento crítico antes de las elecciones presidenciales. Esto refleja las preocupaciones sobre la posible injerencia del Poder Judicial en procesos electorales y la necesidad de reformas para asegurar su transparencia y autonomía.