El conflicto en torno al caso de Ariadna Fernanda López Díaz ha puesto de relieve las tensiones entre las autoridades de Morelos y la Ciudad de México, así como la crítica situación del feminicidio en el país. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, había estado presionando para que Uriel Carmona, el fiscal general de Morelos, renunciara, lo que se intensificó tras el hallazgo del cuerpo de Ariadna en 2022.
El caso de Ariadna se convirtió en un punto focal para las colectivas feministas, que exigieron justicia y la correcta investigación de su muerte. La primera versión de la muerte, dada por la fiscalía morelense, fue rápidamente cuestionada por la Fiscalía de la Ciudad de México, que realizó una segunda necropsia que contradijo la versión inicial y determinó que Ariadna había sido asesinada. Esto llevó a la emisión de órdenes de aprehensión contra dos individuos relacionados con su caso.
Las acusaciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contra el fiscal Carmona por presuntos intentos de encubrimiento y la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso, reflejan un contexto político tenso y la presión sobre las instituciones para esclarecer violencias de género en un país que enfrenta una crisis en este ámbito.
El caso no solo resalta las deficiencias en las investigaciones de feminicidios, sino también las dinámicas de poder entre diferentes niveles de gobierno en México.