El caso de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano que fue asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, ha captado la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se ha solicitado a la ONU que evalúe si Estados Unidos está cumpliendo con los tratados de derechos humanos a los que está suscrito, en relación con este caso.
Anastasio, originario de San Luis Potosí y padre de cinco hijos, trabajó en la construcción y vivió durante dos décadas en San Diego. Su vida fue truncada tras ser detenido por la Patrulla Fronteriza y, posteriormente, sufrir torturas que lo llevaron a la muerte el 28 de mayo de 2010, en un hospital donde se encontraba bajo custodia.
Recientemente, el 14 de abril, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California Berkeley y Alliance San Diego presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza y un estándar que consideran "letal y deficiente".
El informe, respaldado por la viuda de Hernández Rojas, María Puga, resalta que Anastasio fue víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos, incluida la negativa a recibir atención médica tras sufrir lesiones durante su detención. Testigos documentaron cómo fue golpeado y sometido a descargas eléctricas por más de una docena de oficiales, mientras suplicaba por ayuda. La autopsia clasificó su muerte como homicidio.
Este caso representa un desafío directo al estándar de uso de la fuerza en la frontera, que, según los abogados que representan a la familia, permite a los agentes actuar bajo una percepción de "razonabilidad" que ha resultado en actos de violencia injustificables.