La reciente aprobación por parte de los diputados de Morena, PT y PVEM de una reforma que sanciona actividades relacionadas con los cigarrillos electrónicos y vapeadores ha generado un intenso debate en México. La iniciativa recibe un respaldo mayoritario, con 410 votos a favor y 24 en contra, reflejando la preocupación legislativa por la salud pública, especialmente en el contexto de sustancias tóxicas y drogas sintéticas como el fentanilo.
Esta reforma no solo busca prohibir la producción y distribución de estos dispositivos, sino que también introduce cambios en la Constitución para fortalecer la protección a la salud de la población. Durante la discusión, varios legisladores expresaron su oposición a la prohibición de los vapeadores, argumentando que las medidas de prohibición pueden no ser efectivas y podrían empujar a los consumidores hacia un mercado negro controlado por la delincuencia organizada. La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, destacó que el consumo de estos productos sigue en aumento y subrayó la importancia de abordar el problema de manera más integral en lugar de simplemente prohibir.
La iniciativa refleja un enfoque severo hacia las sustancias relacionadas con la salud pública, pero también plantea interrogantes sobre la eficacia de tales prohibiciones y sus posibles consecuencias en términos de salud pública y seguridad. La situación evidencia la complejidad de regular el uso de productos que, aunque potencialmente dañinos, también han sido adoptados por muchos en la población.