La reciente decisión del Senado de la República de México ha generado un gran debate en torno a la extinción de cinco organismos autónomos clave para la administración pública del país, entre ellos el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta medida, decidida con una votación de 86 a favor y 42 en contra, refleja un giro significativo en la política de regulación y supervisión de ámbitos críticos como la transparencia, la educación, y la regulación energética.
Los organismos eliminados incluyen también el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Además, en lugar de mantener el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como entidades separadas, se optó por unificarlos en un único regulador, lo que ha generado críticas por potencialmente afectar la competencia y la regulación en ambos sectores.
El senador morenista Javier Corral llamó la atención al votar en contra de esta reforma, manifestando su disidencia en relación a la desaparición de instituciones que han sido fundamentales para la transparencia y la regulación del país. La coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, argumentó que la reforma no solo es autoritaria, sino que podría tener consecuencias graves para el cumplimiento de compromisos internacionales de México, así como para la confianza de los ciudadanos e inversionistas.
Durante el debate, la oposición llevó a cabo una serie de intentos para modificar la iniciativa, cuestionando los argumentos oficiales sobre corrupción y eficiencia, señalando que no se han presentado pruebas suficientes para justificar estas decisiones extremas, especialmente en un contexto donde la percepción de la corrupción persiste sin que existan responsables penalmente.
La votación y sus implicaciones podrían tener un impacto profundo en la estructura del gobierno mexicano y en la manera en que se gestionan y evalúan políticas públicas en diversos sectores. Este desarrollo también podría influir en la percepción popular sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.