La reciente aprobación de la minuta sobre la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas en el Senado de la República ha sido un tema de gran controversia. Los legisladores de Morena y sus aliados dieron luz verde a esta reforma con 29 votos a favor y 10 en contra, marcando un paso significativo hacia la reconfiguración de las empresas públicas en México.
Esta reforma propone la eliminación del término "empresas productivas del Estado", que será sustituido por "empresas públicas del Estado". Un cambio que, según sus promotores, busca reafirmar el papel del sector público en áreas consideradas estratégicas, asegurando que el gobierno federal mantenga el control y la propiedad sobre estas entidades.
Los artículos de la Constitución reformados incluyen disposiciones clave que reafirmarán el control del Estado sobre el sistema eléctrico nacional y sobre la exploración y extracción de recursos como el petróleo y otros hidrocarburos. Sin embargo, la propuesta ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que sostiene que estos cambios no contribuyen a una transición energética efectiva. En particular, la eliminación de un párrafo de la iniciativa original —que se refería a la responsabilidad del Estado en la transición energética y el uso sustentable de las fuentes de energía— fue destacada como un retroceso en el compromiso por reducir las emisiones contaminantes.
La discusión en el Pleno del Senado se anticipa como un espacio para que los diferentes grupos parlamentarios expongan sus argumentos a favor y en contra de esta reforma, que se posiciona como fundamental para el enfoque energético del actual gobierno. La reforma refleja no solo un cambio en la estructura jurídica de las empresas del Estado, sino también un debate más amplio sobre la dirección que debe tomar México hacia la sostenibilidad y la regulación del sector energético.