El reciente comunicado de jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México pone de manifiesto la preocupación por las implicancias de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta solicitud, presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refleja una alarmante percepción de que dicha reforma podría amenazar la independencia y autonomía del Poder Judicial, así como el orden democrático y el estado de derecho en el país.
Las organizaciones involucradas, como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, argumentan que la intervención de la CIDH es necesaria ante las potenciales "consecuencias irreversibles" que tendría la aprobación de esta reforma. Subrayan que la solicitud de medidas cautelares es un mecanismo para alertar sobre situaciones que podrían causar daños irreparables, subrayando la necesidad de salvaguardar la independencia judicial y equilibrar la separación de poderes.
La reunión de más de 1,800 jueces y magistrados, junto con más de 52,000 trabajadores del sistema judicial, resalta un amplio respaldo a esta iniciativa de protección de derechos. Incluyen un análisis detallado que considera no solo el contexto interno, sino también las recomendaciones de organismos internacionales, como la Relatora Especial sobre independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU.
La comunicación cierra destacando la importancia del diálogo con el Poder Ejecutivo, sugiriendo que la revisión y posible reforma del proyecto podría alinearse mejor con los derechos y obligaciones internacionales actuales, invitando así a una discusión que garantice la estabilidad del sistema judicial y su funcionamiento en un marco de respeto al estado de derecho.