La situación descrita refleja una compleja interacción entre diferentes instancias del sistema judicial mexicano, específicamente entre jueces federales, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El juez federal de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, está en medio de un conflicto legal relacionado con una reforma judicial y sus implicaciones para la selección de candidatos en el Poder Judicial. Este juez otorgó una suspensión que detiene el proceso de selección de candidatos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF). Sin embargo, tras esta decisión, el CJF decidió concentrar todos los amparos relacionados con la reforma en tres juzgados en Jalisco, indicando una centralización de los casos.
A pesar de la reubicación de los casos a Jalisco, la SCJN ha intervenido, pidiendo al juez de Michoacán que envíe el expediente original del amparo. Esta acción sugiere que hay una necesidad de resolver el conflicto entre la suspensión otorgada por Santamaría Chamú y la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que exige reanudar el proceso de selección.
Este escenario destaca la tensión entre diferentes órganos judiciales en México y la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos, así como la posibilidad de que la SCJN ejerza su autoridad para mediar en situaciones donde hay discrepancias importantes en las decisiones judiciales.
Es un momento crítico para el Poder Judicial, ya que la resolución de estos casos no solo impactará el proceso de selección de candidatos, sino que también puede sentar precedentes sobre la gestión de amparos y la aplicación de reformas judiciales en el país.