La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha comenzado una investigación sobre la presunta participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la desaparición forzada de ocho personas en Colima. De estas, seis fueron encontradas muertas el 1 de octubre y, según informes, fueron presentadas por las autoridades como delincuentes en un enfrentamiento posterior con marinos y agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Los otros dos desaparecidos, un hombre y una mujer, fueron detenidos en un vehículo y más tarde aparecieron con vida. Sin embargo, ambos denunciaron haber sufrido abusos, incluyendo golpes y torturas; la mujer incluso reportó haber sido víctima de agresión sexual. La situación se encuentra documentada en un expediente de investigación y un juicio de amparo, donde se menciona la existencia de imágenes y videos que capturan el momento en que algunos marinos presuntamente irrumpen en las viviendas de Villa de Álvarez para llevarse a los detenidos.
El incidente ha generado gran atención mediática y preocupación pública, especialmente después de que circularan versiones no oficiales indicando que el 1 de octubre hubo un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo armado en un supuesto campo de adiestramiento en Puerta de Ánzar, lo que habría desencadenado la operación militar y policial en el área. Las acusaciones de desaparición forzada y violaciones a derechos humanos han renovado el debate sobre el comportamiento de las fuerzas armadas en situaciones de seguridad pública en México.