Política
Inhabilitan a ex colaborador de Rosario Robles por la Estafa Maestra
La Secretaría de la Función Pública SFP informó que fue confirmada la sanción de inhabilitación por 10 años y multa de 158 millones 662 mil pesos impuesta al exdirector General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu en el sexenio pasado bajo las órdenes de la entonces titular Rosario Robles e involucrado en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que el Órgano Interno de Control OIC de la Sedatu inició la investigación sobre este caso como resultado de una observación de la Auditoría Superior de la Federación ASF, sin embargo, apuntó, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción en 2018, tras acreditar que el funcionario omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargado de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales “originando el uso indebido del mismo”.
La SFP señaló que la omisión del funcionario permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos para, supuestamente, otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
No obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino. Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
La secretaría indicó que a partir de los trabajos del Órgano Interno de Control en la Sedatu para defender la legalidad de la resolución, la sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio de amparo que la persona ex servidora pública había interpuesto.
“Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa TFJA también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada”.
Con información de El Universal
En un comunicado, la dependencia federal detalló que el Órgano Interno de Control OIC de la Sedatu inició la investigación sobre este caso como resultado de una observación de la Auditoría Superior de la Federación ASF, sin embargo, apuntó, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción en 2018, tras acreditar que el funcionario omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargado de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales “originando el uso indebido del mismo”.
La SFP señaló que la omisión del funcionario permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos para, supuestamente, otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
No obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino. Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
La secretaría indicó que a partir de los trabajos del Órgano Interno de Control en la Sedatu para defender la legalidad de la resolución, la sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio de amparo que la persona ex servidora pública había interpuesto.
“Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa TFJA también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada”.
Con información de El Universal
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