La situación en Pantelhó, Chiapas, es un reflejo de tensiones sociales y políticas complejas que involucran a comunidades indígenas y autoridades locales. Los indígenas tsotsiles y tseltales han expresado su descontento con un concejo municipal que, según afirman, está vinculado a un grupo armado y ha sido señalado como responsable del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez.
Este conflicto se agudiza por la acusación de que el nuevo concejo municipal utilizó recursos financieros —específicamente 18 millones de pesos— para financiar este asesinato. Además, los inconformes critican la falta de atención social por parte de las autoridades locales, alegando que solo han beneficiado a ciertos grupos vinculados con el crimen organizado, lo que ha llevado a una creciente inestabilidad en la región.
Los habitantes de Pantelhó han realizado manifestaciones para pedir la destitución del concejo municipal y han solicitado al Congreso del Estado de Chiapas que reevalúe la instalación de este concejo. También han exigido una resolución rápida del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas respecto a la legalidad del concejo nombrado, argumentando que el proceso no cumplió con los principios constitucionales.
La petición de los indígenas refleja un deseo de recuperar la gobernabilidad en su comunidad y buscar condiciones que favorezcan la paz social, marcando así una lucha por su reconocimiento y derechos dentro de un contexto de violencia y corrupción local.